Artículo La Jornada Jalisco, 30 / 09 / 2007

Entre la falta de visión, la impunidad y la corrupción: el caso del PAN-gobierno en Jalisco

Jorge Gómez Naredo

La élite política jalisciense cada día se aleja más de los intereses que se supone debe representar, es decir, de lo que busca, desea, quiere y anhela la sociedad en su conjunto. El panismo ha mostrado desdén hacia la ciudadanía y a muchos de quienes provienen de las filas de ese organismo político, simple y llanamente no les interesa el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de las mayorías. Están ahí para seguir escalando en la jerarquía estatal, para tener más poder, para lograr mejores puestos y para beneficiarse de ellos. Ejemplos hay muchos, muchísimos.

No hay sensibilidad hacia lo que pasa abajo, en el pueblo, en la vida cotidiana de cientos de miles de personas que viven en la pobreza, que sufren la carestía, que están en la miseria, que conviven con ella y la sienten y la huelen y la observan y se resignan a su situación. Hay una diferencia abismal entre las visiones de mundo de quienes gobiernan y de quienes son gobernados, lo cual se ha ahondado con las administraciones panistas. Por ejemplo, en días pasados, el alcalde de Zapopan, Juan Sánchez Aldana Ramírez, logró uno de sus más importantes objetivos en su administración: subirse el sueldo más del 50%. En un mes, del 15 de septiembre al 15 de octubre, recibirá por salario retroactivo la cantidad de 329,267 pesos. Pasará de ganar mensualmente 60,610 pesos (40 salarios mínimos) a recibir 99,654 pesos (66 salarios mínimos). El aumento lo justifica Sánchez Aldana porque tiene una familia que mantener y porque su trabajo es arduo, cansado y de mucha responsabilidad: “La sociedad tiene que comprender que yo también tengo familia y que este trabajo es de tiempo completo y no puedo tener ninguna otra actividad. Yo vivo de mi sueldo”. ¿Qué pensará Sánchez Aldana de un obrero que tiene la responsabilidad de mantener a su familia, que recibe 1,500 pesos al mes, que también posee solamente un trabajo y que “vive” de su salario?, ¿acaso el alcalde conoce las penurias que tiene que pasar una persona que se encuentra desempleada? Estas declaraciones del presidente municipal zapopano muestran, además del cinismo, la hipocresía y la falta de sensibilidad, la distancia que existe entre la visión de los gobernantes y la situación real de los gobernados, lo que se vive en realidad.

Otro ejemplo de esta separación entre los intereses de la sociedad y los de las autoridades, es la falta de sensibilidad hacia uno de los problemas que aquejan más a la mayoría de la ciudadanía: el transporte. En lugar de conformar un verdadero sistema de transporte público digno, eficaz y económico, lo que se hace es beneficiar al automóvil como el único medio para lograr una buena movilidad urbana: y claro, quienes tienen vehículo particular no son la mayoría de los jaliscienses. En la anterior administración, encabezada por Francisco Ramírez Acuña, se llevaron a cabo costosísimas obras viales que no tuvieron los beneficios deseados. Ahora, para tapar la inutilidad de dichas obras, se quiere hacer de avenida López Mateos un viaducto sin tener la infraestructura para ello. El peatón, como siempre, es abandonado y despreciado: sus opiniones no existen, se le margina. El transporte no contaminante, como el tren ligero, se ha paralizado por varios años: “no hay inversión”, dicen los de arriba. Y todo es auto, auto y más auto.

La desintegración de la élite política panista es notoria. En días pasados, el procurador del estado, Tomás Coronado Olmos, fue mencionado en diversas denuncias como participante de las bacanales donde se abusa de menores de edad. El gobernador Emilio González Márquez lo ha mantenido en el puesto, a pesar de ser el procurador el encargado de investigar el caso donde él mismo está implicado: ¡viva la impunidad! Ahora, un nuevo escándalo cimbra las estructuras del PAN-gobierno: el Secretario General de la alcaldía de Tonalá, Ricardo Sigala Orozco, fue mencionado como el actor intelectual del asesinato del Director de Mejoramiento Urbano del mismo ayuntamiento, Carlos Romo Guízar. El presidente de dicho municipio, Jorge Vizcarra Mayorga, se empecina (como lo hizo González Márquez con Coronado Olmos) en exonerar a Sigala Orozco sin haber comenzado aún las investigaciones. ¿Qué escándalos están por venir en el PAN-gobierno? Cada día que pasa se vuelve más evidente la venalidad de dicho partido político y de los gobernantes que emanan de él.

No cabe duda que la relación entre autoridades y sociedad se deteriora día con día. Quienes son los encargados de llevar a cabo los designios del electorado, no piensan en las mayorías y sí en sus beneficios personales o partidistas, en sus intereses, que distan mucho de los de la ciudadanía, del pueblo. Mientras que en ciertos grupos de izquierda (encabezados por Andrés Manuel López Obrador) se discute y se propone la austeridad en los altos mandos administrativos como una medida para mejorar la situación de millones de personas que viven en la pobreza, en los gobiernos panistas locales se aumentan los sueldos a los funcionarios de alto nivel, se dilapida el erario, se realizan obras sin ningún beneficio para las mayorías, se entra profundamente a la corrupción, a la impunidad y se establece el “no veo ni escucho” los reclamos sociales. ¿Por qué -y es ésta una pregunta que precisa hacerse- la sociedad jalisciense continúa votando a los que salen de las filas blanquiazules, que han probado con creces sus incapacidad y su propensión a la corrupción y a la desvergüenza?, ¿por qué?

Artículo El Occidental, 10/09/2007

Las televisoras contra la reforma electoral

Jorge Gómez Naredo

Estaba el miércoles sentado frente al televisor -suelo ver los noticieros de Televisa y de TV Azteca no porque me gusten, no porque me parezcan periodismo digno de encomio u atención. No, no por eso. Los veo porque me interesa saber qué métodos usan las televisoras para manipular o distraer a la población-. López Dóriga repetía de una manera maniquea que los nuevos malos (que no son tan nuevos, pero sí mucho peores) quieren destituir a los nuevos buenos (que no son tan nuevos, pero sí mejores). Mi dedo apretó un botón del control (o “mando a distancia”, para usar correctamente el castellano) y cambió la imagen al noticiero de Hechos. ¡Sorpresa! Javier Alatorre repetía que los nuevos malos (que no son tan nuevos, pero mucho peores) quieren destituir a los nuevos buenos (que no son tan nuevos, pero sí mejores). Es decir, lo mismo, absolutamente lo mismo: de un lado, los malos: el poder legislativo y los partidos políticos; del otro, los buenos: el Instituto Federal Electoral (IFE) y en especial su consejero presidente.

El miércoles pasado, Joaquín López Dóriga entrevistó a Luis Carlos Ugalde (que se ha convertido para las televisoras en el nuevo adalid de la democracia, el hombre fuerte de la autonomía del IFE, aquél que se ha enfrentado a los malos, es decir, a los partidos políticos, en especial al de la Revolución Democrática). El entrevistado pudo hablar, mover las manos, dirigirse a la nación y argumentar que él defiende, que él actúa, que él es una víctima del sistema, que a él no le interesa su puesto, sino el bien del país. Es decir, dijo que era un mártir, claro, sin decirlo, pero lo dio a entender. Esta cobertura a Luis Carlos Ugalde en la televisión es inusual, pues no solamente se le dio el tiempo que quiso, sino que antes y después de la perorata del consejero presidente del IFE hubo infinidad de notas relacionadas con el tema.

El jueves pasado, en el mismo noticiero de López Dóriga, se presentó con gran revuelo una carta firmada por varios intelectuales, periodistas y escritores, la cual argumenta que “la independencia y la autonomía del IFE no pueden entenderse al margen del principio de inamovilidad de sus integrantes. Si se vulnera este principio, se lesiona la autonomía”. Entre los firmantes estaban Ciro Gómez Leyva, Luis González de Alba, Leo Zukermann, Carlos Marín y Federico Reyes Heroles. Resulta extraño que se le haya dado tanta cobertura a esta misiva pública y poco a las declaraciones de otros intelectuales, escritores y periodistas que están a favor de la reforma a la ley electoral y a la destitución de los consejeros actuales del IFE.

No cabe duda que las dos principales televisoras tienen interés en que no se apruebe la reforma electoral, pues ésta implica una reducción en el dinero que los partidos políticos podrán utilizar en la compra de spots de televisión y, por ende, se disminuye (más no se termina, que sería lo mejor) el gran negocio para Televisa y TV Azteca, gracias al cual buena parte del financiamiento de los partidos políticos van a sus arcas. Por eso han utilizado a Luis Carlos Ugalde como el adalid de la independencia del IFE ante los malos, los muy malos, los peores.

Es necesaria una reforma a la ley electoral y para que pueda surtir efectos se precisa que Luis Carlos Ugalde y los demás consejeros del IFE salgan, pues ellos fueron parte activa del desprestigio que sufrieron las instituciones electorales en 2006. Ahora, los consejeros, que apoyaron el fraude electoral y nunca castigaron los excesos de la campaña negra panista en contra de un candidato, se han unido a las televisoras, aquellas que decidieron, un día, silenciar el movimiento de resistencia civil pacífica encabezado por López Obrador, aunque en las calles millones de personas demostraran su existencia a pesar de haber sido borrados de los noticieros.

En la televisión Joaquín López Dóriga y Javier Alatorre repiten y repiten que el IFE necesita independencia y que la reforma electoral y la destitución de los consejeros ciudadanos serían un duro golpe a la democracia mexicana. Me pregunto mientras los oigo, ¿cuándo el pueblo mexicano será independiente de esas televisoras que se creen dueñas del país?

Artículo La Jornada Jalisco, 9/09/2007

Ciudad, destrucción y modernidad: el caso de Guadalajara

Jorge Gómez Naredo

A lo largo del siglo XX la ciudad de Guadalajara perdió su armonía arquitectónica. El centro histórico pasó de ser uno de los más imponentes y bellos del país a un amasijo de casas y locales comerciales sin un estilo predominante. Poco a poco las fincas de valor histórico y artístico fueron derruidas para que los automóviles circularan rápidamente y para que la “gente bien”, de dinero, pudiera asistir al centro de la ciudad en sus vehículos últimos modelos. No se pensó, a mediados del siglo pasado, que el turismo podía ser un negocio muy redituable y que, para echarlo a andar, se precisaba mantener una ciudad (o tan siquiera un centro) armoniosa arquitectónicamente. Nada importó. Avenidas y más avenidas sin planeación; destrucción y más destrucción; estacionamientos para que los autos pudieran estar seguros mientras sus dueños paseaban por una ciudad que poco a poco perdía su belleza.

Esta destrucción no ha terminado, continúa, está vigente en la actualidad. Las autoridades han prestado poca atención a la armonía arquitectónica. Se ha llegado al absurdo de permitir la construcción, en pleno centro histórico, de edificios llenos de vidrios sin ninguna relación con la arquitectura decimonónica. Ejemplos hay muchos: ahí está el centro joyero, en plena plaza tapatía. Otra destrucción absurda fue el conjunto arquitectónico del otrora hermoso cruce de las avenidas Juárez y 16 de septiembre, que se transformó en estacionamientos, tiendas comerciales y edificios que no guardan ninguna relación con lo que fue, hace ya muchos años, la bella arquitectura tapatía.

Estas transformaciones han sido motivadas por muchos factores: falta de visión por parte de los gobernantes, de los empresarios y de la ciudadanía en general; corrupción y, especialmente, la búsqueda denodada de una malentendida modernidad. Los resultados están a la vista de todo aquel que visite el centro histórico de la ciudad: amasijo de casas y locales comerciales sin armonía arquitectónica y una escasa captación de turistas nacionales e internacionales y, por ende, exiguos ingresos económicos.

Pese a esta preocupante situación, sigue viva la intención de continuar derruyendo casas sin ton ni son, en detrimento siempre de ciertas zonas que todavía guardan un poco de armonía arquitectónica. Es el caso del proyecto Horizontes Chapultepec, a cargo del español Grupo Lar, el cual plantea la construcción de cuatro torres de 19 niveles cada una que se ubicarán, si se llega a concretar, en avenida Chapultepec, entre las calles de Vidrio y Mexicaltzingo. Este proyecto contempla un centro comercial. Es común para las élites tapatías que el progreso venga aparejado de símbolos: avenidas rápidas, estacionamientos y los infaltables centros comerciales o malls. Lo malo en este proyecto (seguramente bien recibido en ciertas zonas adineradas de la ciudad) es que destruiría algunas casas que, aunque no tienen valor artístico, son parte del ambiente arquitectónico de la zona.

Vaya cosas extrañas de la vida: mientras Alfonso Petersen Farah, alcalde de Guadalajara, trata de “modernizar” a la ciudad para que en 2011 los juegos panamericanos resulten ser “los mejores de la historia”, se continúa destruyendo la armonía arquitectónica en diversas partes históricas de la Zona Metropolitana de Guadalajara y se demuestra, también, que no hay planes para verdaderamente modernizar a la ciudad. El centro histórico está abandonado, sin remozamiento y sin visos de intención alguna de arreglarlo. Todo se planea en derredor del automóvil y nada se piensa en el mejoramiento del transporte público. Ya las pretensiones de realizar una nueva línea del tren ligero han quedado atrás y, en su lugar, se puso una ruta más de autobús, el famoso “pre-tren”. Los proyectos para echar a andar un “metrobús” se han olvidado y nada se concreta.

La belleza de Guadalajara, sin duda, no es un asunto prioritario. Es más importante que todos los ciudadanos tengan comida, que todos sean felices, que todos estén trabajando y que por su trabajo obtengan una remuneración justa. Sí, no es prioridad la armonía arquitectónica del centro histórico. Sin embargo, este asunto demuestra claramente la incapacidad de las autoridades y la falta de visión y de miras de los gobernantes. Una ciudad moderna no significa más torres, más centros comerciales o más avenidas rápidas. Una ciudad verdaderamente moderna sería en la que la mayoría de la población tenga transporte público digno, vivienda digna, trabajo digno. Eso sería la verdadera modernidad, una modernidad llena de justicia. Y claro, una ciudad moderna que sepa, quiera y desee conservar sus zonas históricas, su patrimonio artístico, su cultura. La modernidad, y esto parece ser que no lo han entendido los gobernantes, no es el edificio alto, el túnel rápido para el auto o el centro comercial lujoso. Una ciudad verdaderamente moderna es aquella donde existe tolerancia, respeto hacia el pasado y, también, justicia en el presente y en el futuro. Edificarla es el trabajo de las autoridades. Pero, ¿cómo hacerles entender a quienes gobiernan que ésa es una de sus responsabilidades?

Angustia

Angustia

sí, angustia:

no saber qué

sigue

cómo

sigue

cuándo

seguirá

angustia de estar en silencio

sin poder decir nada

absolutamente nada

sobre el futuro

el qué vendrá

cada día me doy cuenta

que no somos lo que somos

sino lo que las circunstancias

quieren que seamos.

Pensar en nada

Nunca he dejado de pensar
en nada
siempre cuando alzo la vista
miro el cielo
y de reojo
veo el sol
pienso en nada,
en absolutamente nada

en las noches
viendo las estrellas
y el cielo
sí, siempre el cielo
cierro los ojos y suspiro
y pienso en nada

pensar en nada
sí es posible
es necesario
es tan pero tan necesario
cuando tú
estás lejos.

Artículo El Occidental, 03/09/2007

La vida (política mexicana) es extraña: el caso del IFE

Jorge Gómez Naredo

La vida suele ser extraña, y más cuando se trata de la vida política mexicana. Hace un año, Luis Carlos Ugalde era reputado de hombre honorable, honesto, apegado a derecho; no se le podía criticar porque, hacerlo, significaba ir en contra de las instituciones, de la democracia, del país, de la patria misma. Las cúpulas panistas y el gobierno federal consideraban impoluto el trabajo hecho por este personaje que llegó a ser consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) gracias al apoyo de Elba Esther Gordillo. Hoy las perspectivas para Luis Carlos Ugalde han cambiado. Y han cambiado mucho.

Felipe Calderón llegó a la presidencia de la República a través de un fraude y de la violación a la ley electoral. La campaña de miedo orquestada por el PAN en contra de Andrés Manuel López Obrador no solamente agudizó la división de la sociedad mexicana, también violentó la legalidad. El IFE no hizo nada por impedir este atropello y, Ugalde, se mostró timorato para castigar los excesos de la campaña panista. Apoyó, con descaro, a Felipe Calderón y, sin esperar a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validara la elección, declaró presidente al abanderado panista.

El prestigio que había ganado el IFE desde su fundación se volvió cenizas, añicos, nada. Luis Carlos Ugalde no solamente cometió errores, sino que actuó sin imparcialidad y sin objetividad. Las elecciones de 2006 estuvieron marcadas por la guerra sucia panista (el término usado por el periodista Jenaro Villamil y el abogado Julio Scherer Ibarra), por el fraude, por las constantes y nutridas irregularidades. Nadie se salvó, ni el IFE con sus consejeros ni los magistrados del TEPJF. Estos últimos legalizaron una elección que debió se anulada: no castigaron las violaciones a la ley electoral cometidas por muchos empresarios y por Vicente Fox. Nada valió, pues ya estaba decidido en las cúpulas, al interior de los poderes fácticos: el ganador iba ser cualquiera, excepto López Obrador.

Ugalde jugó sucio y destruyó los pequeños avances democráticos del país, pero hizo el trabajo que le impusieron: impedir que la izquierda encabezada por López Obrador llegara al poder. Ahora, la realidad ha cambiado y su permanencia al frente del IFE no es necesaria, no se precisan sus servicios, no es útil, pues. Por eso se le quiere destituir: es un desilusionado más del presidente del “empleo” y las “manos limpias”.

Sin embargo, resulta elocuente el cinismo mostrado en las declaraciones hechas por el todavía consejero presidente del IFE. En varias entrevistas repitió hasta el hartazgo: “se van a llevar entre las patas la independencia y la dignidad del IFE”. No se ha enterado Ugalde que el IFE, en 2006, perdió toda credibilidad como árbitro, pues favoreció a un candidato y no actuó para limpiar la elección, para hacerla verdaderamente imparcial, objetiva, justa.

Luis Carlos Ugalde, durante el proceso electoral de 2006, no actuó como consejero ciudadano sino, más bien, como representante de un partido, de un candidato, del poder ejecutivo. La independencia del IFE quedó severamente cuestionada el mismo 2 de julio cuando, con una diferencia de segundos, Vicente Fox y Ugalde, en dos mensajes, decían absolutamente lo mismo. ¿Dónde ha estado la independencia del IFE que ahora tanto defiende su consejero presidente?

La mayoría de los “periodistas” y presentadores de noticias han puesto el grito en el cielo, pues ven la destitución de los consejeros “ciudadanos” como una venganza de López Obrador. La vida suele ser extraña, y más la vida política mexicana: el que está muerto, el que ya es un cadáver político, el terco, el violento, el que desde el plantón de hace un año ya no pinta, no existe y divaga solamente con unos cuantos seguidores que lo siguen, según estos periodistas, tiene la fuerza para destituir nada más y nada menos que al mismísimo consejero del IFE. La vida política mexicana resulta extraña, y más, cuando es vista desde los ojos de los presentadores de noticias (Ciro Gómez Leyva, Joaquín López Dóriga, Carlos Marín, Carlos Loret de Mola y Denise Maerker) que los miércoles en la noche, por Televisa, dicen discutir “objetivamente”.

Y si te vas...

Y si te vas
si no regresas
y me dejas con mis sueños
con las manos vacías:
la miradas perdida

y si te vas
si no vuelves más
y te alejas demasiado
tan lejos que mis oídos
no alcancen a percibir tu perfume

y si ya no estás
conmigo,
dime,

¿qué hago?
dime
¿qué es lo que debo
hacer?

Artículo La Jornada Jalisco, 02/09/2007

Continúa la impunidad: un caso más de violaciones a los derechos humanos

Jorge Gómez Naredo

El 28 de mayo de 2004, en la ciudad de Guadalajara, cientos de ciudadanos (en su mayoría jóvenes), se manifestaron para protestar –con todo derecho– por la tercera reunión de la Cumbre de jefes de estado y de gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. El entonces gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña (que días después “destaparía” a Felipe Calderón como candidato a la presidencia de México y que, en pago a dicho favor, obtendría la Secretaría de Gobernación), ordenó reprimir a los marchantes. Los testimonios de quienes fueron capturados ese día son aterradores: tortura, golpes, intimidación, incomunicación, amenazas y un sinfín de vejaciones más. Organismos defensores de derechos humanos locales, nacionales e internacionales pidieron que se esclarecieran los hechos y se castigara a los culpables. El ejecutivo local no tomó en cuenta las recomendaciones y, en su lugar, premió a los uniformados que participaron en la represión.

El entonces subsecretario de Seguridad Pública del Estado, Filiberto Ortiz Amador, participó en el operativo y, según cuentan los testimonios de quienes fueron capturados, fungió como uno de los más fieros torturadores. A este personaje fácilmente reconocible por padecer problemas de vitiligo (manchas blancas en la piel producidas por la pérdida de células productoras de pigmento –melanocitos–) se le conoce con el apodo de El Pinto. Era común verlo en toda manifestación, siempre acompañado de más de diez efectivos, siempre fiero, siempre intimidador. El 1 de noviembre de 2006 decenas de personas marcharon por las calles de Guadalajara para protestar por la violación a los derechos humanos en Oaxaca. Ese mismo día Ortiz Amador tomó, junto con más de cuarenta antimotines, el quiosco de la plaza de armas de la capital jalisciense. Su sorpresa fue mucha cuando los manifestantes enrollaron el quisco con papel de baño para condenar la ocupación del citado espacio público. Al Pinto se le observó torvo, amenazador: rompiendo el papel con enojo, con rabia, colérico.

El 2 de julio Absalón García Ochoa, ex-subsecretario de Asuntos Internos durante el sexenio de Ramírez Acuña, ganó la presidencia municipal de Ocotlán y nombró, rápidamente, a Filiberto Ortiz Amador como jefe de la policía municipal. Las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) desde la llegada de El Pinto a Ocotlán se han incrementado de una manera alarmante: En 2005 y 2006 la policía de dicho municipio acumuló cinco; en lo que va de 2007 se han recibido 42. El alcalde panista ha apoyado a Ortiz Amador en todo momento. El miércoles pasado, cuando la mitad del cabildo pretendió suspender al jefe policíaco mientras se realizan las investigaciones sobre los casos de tortura, persecución e intimidación, lo salvó el voto de calidad de Absalón García como presidente municipal.

El gobernador de Jalisco, presto a aprovechar los reflectores periodísticos en todo momento, no pudo quedarse callado y dejar que las investigaciones siguieran su curso; raudo, respaldó a Ortiz Amador: “igual [y el aumento de quejas ante la CEDH en Ocotlán] es porque la Policía está cumpliendo con su deber”. Es decir, para González Márquez, que se haya incrementado el número de quejas estrepitosamente no indica que la población esté sufriendo vejaciones, sino que la policía realiza su labor. Podría resumirse su visión de la siguiente manera: quien acude a la CEDH es un embustero hasta que se demuestre lo contrario.

Filiberto Ortiz Amador también se ha defendido. En una entrevista realizada por el reportero de La Jornada Jalisco, Juan Carlos G. Partida, arguyó que ha cumplido su labor de una manera eficiente, pues “el índice [delictivo indica] que ha bajado la delincuencia en Ocotlán un 66% en ocho meses, imagínate de aquí a tres años”. Quizá lo que no entienda El Pinto sea que no se le acusa de no haber combatido la delincuencia, sino de haber cometido violaciones a los derechos humanos.

Es muy difícil hacerles entender a los gobiernos y a los cuerpos policíacos que todos, absolutamente todos los ciudadanos tienen derechos humanos que se deben respetar. El combate a la delincuencia es, sin duda, una labor necesaria y loable; sin embargo, no se puede realizar sin respetar las garantías constitucionales.

Filiberto Ortiz Amador es, sin duda, un ejemplo de la impunidad. El 28 de mayo de 2004 participó en la represión en contra de cientos de jóvenes. No se le castigó y sí se le permitió continuar con los excesos, las torturas, la intimidación y la siempre constante amenaza de formar, de facto, una policía encubierta, secreta. Pero no es el único que sigue libre y sin castigo. Ejemplos hay muchos y, el más emblemático es, sin duda, el de Francisco Ramírez Acuña. ¿Cuándo se castigará al hoy Secretario de Gobernación?, ¿cuándo?