Artículo La Jornada Jalisco, 01/06/2008

¿Y la participación ciudadana?

Jorge Gómez Naredo

Todos los días nuestros “representantes populares” nos dicen que el bienestar de los ciudadanos es lo más importante, que trabajan por la sociedad y que hacen todo lo posible (y de vez en cuando lo imposible) para que en Jalisco haya espacios para la ciudadanía. Todo, sin embargo, es discurso hueco, palabras alejadas de la realidad, demagogia.

En los hechos, la ciudadanía tiene pocos espacios para ser partícipe de las decisiones de gobierno. Instituciones con cariz ciudadano como el Instituto Electoral del Estado de Jalisco, que ahora se llamará (con chanza incluida) Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, no está conformado por verdaderos representantes de la ciudadanía. Con la reforma electoral que se acaba de aprobar en el Congreso del Estado, los partidos políticos serán los encargados de designar a los consejeros e, incluso, tendrán la posibilidad de quitarlos de sus cargos cuando su actuación no vaya con las posturas de la mayoría de los diputados, es decir, de los partidos políticos.

Los espacios de participación ciudadana están cerrados a la ciudadanía. Por ejemplo, al elegir presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, los diputados no tomaron en cuenta los méritos de los participantes ni sus actividades en labores sociales: impusieron (claro, muy “legalmente”) a una persona que sabían de antemano no les sería incómoda y que actuaría siempre en consonancia con las posturas de las fuerzas políticas predominantes en el Congreso de Jalisco.

Cuando se les reclama a los diputados, al ejecutivo local o a los partidos políticos la falta de espacios para la participación ciudadana, alegan que ésta existe, que incluso hay una ley que la rige: “Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Jalisco”. Sin embargo, si se lee detenidamente la citada ley, parece que está hecha para desinhibir la participación ciudadana. Respecto al referéndum, menciona: “El Congreso del Estado, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, o los ciudadanos que representen por lo menos el dos punto cinco por ciento de los electores de la entidad, podrán solicitar al Consejo Electoral someta a referéndum derogatorio los reglamentos y decretos emanados del Titular del Poder Ejecutivo del Estado”. Claro, muy bonito y muy lindo se ve escrito, pero los requisitos son muchos y, en caso de haber una petición, hay varios caminos legales para impedir el referéndum.

Respecto al plebiscito, la citada ley indica: “El Congreso del Estado, con la aprobación de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, podrá solicitar al Consejo Electoral someta a plebiscito las decisiones o actos del Gobernador”. Aquí, “los ciudadanos” simple y llanamente no se ven. Todo se deja en manos del Congreso. Y el Congreso, como actualmente vemos, está en poder de unos cuantos.

Ahora bien, si los ciudadanos presentan una solicitud para referéndum (con el 2.5 % de firmas de la población del Estado y en un máximo de treinta días después de hecho el decreto), el consejo electoral, que se supone es ciudadano -pero en realidad tiene vínculos con los diputados que lo eligieron- decidirá la procedencia o improcedencia del asunto. Todo se dificulta: el camino se hace tortuoso para que la ciudadanía no participe. En esta ley también se contempla la presentación de iniciativas populares al Congreso de Jalisco, que los diputados pueden fácilmente rechazar sin ni siquiera leer. Nadie les dirá nada.

La situación actual de la participación ciudadana en Jalisco es verdaderamente preocupante. Los caminos se han cerrado y unos cuantos manejan el destino de todos: se imponen en los organismos ciudadanos a personas cercanas. No hay una apertura a la verdadera participación ciudadana. Todo se decide entre poquitos.

La reforma electoral que se aprobó en el Congreso local es una muestra de este cinismo con que actúan nuestros “representantes populares”. No quieren que la ciudadanía se interese en los asuntos públicos, que participe en ellos y tenga voz y voto. Para nadie es un misterio que los diputados representan a su partido o a su grupo, y nunca a quienes los votaron. Es ahí donde se encuentra el problema, porque si hay una crisis de representatividad en el Congreso (en el ejecutivo ni se diga), ¿dónde queda el ciudadano?, ¿dónde la democracia representativa?

La ciudadanía puede salir a las calles, marchar, manifestarse. Pero estas acciones tienen cada día menor eficacia. Ahora, a nuestros representes populares, los mítines y los plantones simple y llanamente les “valen madre” (González Márquez dixit). Ejemplos hay muchos: en julio de 2006 más de dos millones de personas, en la marcha más grande que ha habido en toda la historia de México, salieron a las calles para exigir transparencia en las elecciones presidenciales, que se contara voto por voto. Las autoridades no hicieron nada para escuchar el clamor popular. Les valió.

¿Qué acciones eficaces tiene la ciudadanía para actuar, para ser partícipe de las acciones de gobierno?, ¿cómo se puede llegar a una democracia verdaderamente participativa y borrar de una buena vez esta simulación donde ni se respetan los votos ni se escucha a la ciudadanía? ¿Qué se debe hacer?