lunes, diciembre 24, 2007

Artículo El Occidental, 24/12/2007

Hacia la privatización de PEMEX

Jorge Gómez Naredo

Varios grupos empresariales nacionales y extranjeros tienen, desde hace ya mucho tiempo, la enfermiza intención de privatizar PEMEX. Los políticos neoliberales (llegado al poder en México con Miguel de la Madrid) han buscado vender, por todos los medios posibles, la empresa paraestatal encargada de extraer el petróleo. No han podido, pues siempre hay la posibilidad de un verdadero estallido social generalizado, de muchas voces alzadas en contra. Y no es para menos.

El PAN y un amplio sector del PRI están haciendo todo lo posible para abrir las puertas a la “inversión privada” y “salvar” (según ellos) a PEMEX. Felipe Calderón, que llegó a la presidencia gracias al apoyo económico de quienes ahora le piden realice las “reformas estructurales” (entre ellas la energética), está en el poder para abrir PEMEX a los capitalistas nacionales y/o extranjeros.

Los recursos obtenidos por el Estado mexicano con el petróleo son muchos. En realidad son parte de los pilares que sostienen la débil economía mexicana: sin ellos el país entraría en una verdadera crisis. La ineficacia del gobierno para obtener mayores ingresos a través de la recaudación de impuestos ha mantenido a la industria petrolera mexicana como una de las bases de la economía nacional. Los grandes consorcios privados y monopólicos (como CEMEX, TELMEX, BIMBO y muchos más) no pagan lo que deberían pagar, ya sea porque contratan a un ejército de contadores para encontrar en la legislación huecos que les beneficien o porque tienen acuerdos con las autoridades para simple y llanamente evadir las contribuciones que establece la ley.

El 18 de marzo de 1938 Lázaro Cárdenas (el único presidente mexicano verdaderamente cercano al pueblo) decretó la expropiación de la industria petrolera. Este hecho fue en demasía benéfico para la economía mexicana y demostró, con el tiempo, la amplia visión del general michoacano. En el decreto se indicó: “Se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la Nación, la maquinaria, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros-tanque, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles” de todas las compañías extranjeras petroleras que operan en México.

¿Por qué ahora se quiere retroceder?, ¿acaso no entienden las autoridades panistas y priístas que sin PEMEX el Estado perderá una de las empresas más rentables del mundo?, ¿por qué no utilizar y aprovechar los grandes excedentes petroleros que hoy hay para que funjan como motor de desarrollo del país?, ¿por qué en lugar de explotar a PEMEX a través del alto cobro de impuestos, no se decide, de una vez por todos, a cobrar a los grandes empresarios los impuestos que han evadido durante muchos años?

Felipe Calderón llegó a la presidencia de México amarrado, maniatado. Ha pagado, en poco tiempo, muchas facturas, una de ellas Aeroméxico, que se vendió en un precio irrisorio al ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Luis Barraza, por el gran favor que le hicieron éste y sus allegados al financiar la guerra sucia electoral en contra de Andrés Manuel López Obrador. La reforma energética (es decir, la privatización de PEMEX) es la asignatura pendiente de quien hoy “gobierna” desde Los Pinos.

Pero no será fácil. Nada de eso. Hay muchos sectores sociales (la amplia mayoría de los mexicanos) que no quieren que sus riquezas energéticas sean explotadas por extranjeros. La lucha en contra de la privatización de la paraestatal apenas comienza. Las estrategias del gobierno federal son tratar de inocular en la población la falacia de que PEMEX es una empresa inviable, que ya nada da, que el petróleo pronto se terminará y que la única salvación son los capitales privados. Pero el pueblo no se dejará, los mexicanos no quieren que PEMEX sea de manos privadas: saben, o quizá no lo saben, pero lo perciben, que sin la industria petrolea, México estaría al borde del suicidio. Así de simple.

Artículo La Jornada Jalisco 23/12/2007

La novela policíaca llamada Jalisco

Jorge Gómez Naredo

El domingo pasado, la rayuela de La Jornada Jalisco decía lo siguiente: “Elija el lector: Vizcarra se va de vacaciones por: a) no tiene nada que hacer, b) es cínico a más no poder, c) prepara su huida”. Un día después se adujo en el mismo espacio: “De las tres opciones que planteábamos ayer, parece que se imponen las tres: Vizcarra no tiene nada que hacer, es un cínico y prepara su huida”. Los hechos fueron confirmando lo que las citadas rayuelas atinadamente anunciaban.

Jorge Vizcarra, a un año de asumir la presidencia de Tonalá, logró una verdadera hazaña, algo que parecía imposible: superar a las administraciones priístas en corrupción e ineficacia. El tricolor, ante los yerros de su contrincante, ha buscado capitalizar el descontento y con eso limpiar sus grandes impericias y sus altos niveles de venalidad. Por supuesto que nadie le cree.

Jorge Vizcarra quizá aparezca, quizá no, quizá regrese, sea encarcelado y después absuelto, quizá ya nunca se sepa de él. Pero los escándalos en los cuales está involucrado a un año de haber iniciado su administración en Tonalá vienen a confirmar que el PAN ya no es ese organismo político “diáfano” y “apegado a derecho” que sus miembros pregonan, sino que se ha convertido en una casa de colocación para que individuos sin principios ni ética se beneficien de los puestos de gobierno y no hagan nada por el mejoramiento de la situación social, económica y cultural de los ciudadanos.

Pero el caso de Jorge Vizcarra no solamente significa un caso más de corrupción y decadencia del panismo, también muestra cómo la clase política estatal busca lavarse las manos sacrificando a un solo individuo para aparecer ante los electores como un grupo impoluto y que imparten justicia, a pesar de ser el acusado uno de ellos. La inmolación se consumado.

Resulta también irónico que quien fue uno de los promotores más encarnizados del desafuero de Jorge Vizcarra sea nada más ni nada menos que el Procurador de Jalisco, Tomás Coronado Olmos, sobre quien pesan sospechas de estar involucrado en una red de corrupción de menores. Hace dos días el escolta del ex sub procurador Víctor Landeros Arvizu (quien denunció a Coronado Olmos) fue balaceado, ¿casualidad?, ¿aviso?, ¿amenaza? Todos estos datos nos indican que no solamente en Tonalá hay podredumbre. La clase política jalisciense se ha adentrado en una trama digna de una novela policíaca.

Cuando el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez (actualmente de vacaciones en Roma, adonde fue a entregar un nacimiento de más dos millones de pesos –que pagó la ciudadanía católica y no católica–), decidió mantener en su cargo a Coronado Olmos, se granjeó un problema bastante intrincado: si el procurador es, posiblemente, un delincuente, un pederasta, ¿qué calidad ética tiene para procurar justicia a los ciudadanos? Es ahí donde radica el verdadero conflicto, porque, ¿acaso en Jalisco los delincuentes juzgan a los delincuentes? Hasta ahora no se han hecho investigaciones imparciales y objetivas de las acusaciones en contra de Coronado Olmos: las sospechas crecen con agresiones como la sufrida por el ex escolta del ex sub procurador. ¿Y si es culpable Coronado Olmos de corrupción de menores?, ¿la procuración de justicia en Jalisco está manejada por un delincuente? ¡Qué enredo, de verdad, qué enredo!

El viernes pasado, para completar el cuadro de asesinatos, atentados, política y delincuencia, el hijo de Fernando Garza, ex alcalde de Guadalajara, fue baleado cuando viajaba en una camioneta de reciente modelo. ¿Qué pasa dentro de la clase política en la entidad?, ¿acaso los problemas políticos se solucionan con fusiles y no con palabras? Quizá este atentado fue un error, una equivocación, un asunto personal, circunstancial, pero no cabe duda que dejará sospechas: en Acción Nacional algo marcha mal, algo huele a podrido.

Lo que sucede en Jalisco debería conducir a un desprestigio del PAN no solamente a nivel local sino también en el ámbito nacional. Hay casos verdaderamente alarmantes: el presidente de un municipio de la Zona Metropolitana de Guadalajara está implicado en corrupción y acusado de homicidio; por su parte, el procurador de la entidad, es sospechoso de pertenecer (no se ha investigado el caso debido a la tenaz protección de González Márquez) a una red de pederastia y de proteger a sus allegados (¿cuál es el paradero del otro involucrado en corrupción de menores, el ex funcionario municipal de Guadalajara, Martín Aguirre Aguirre?).

Preocupa la situación actual de Jalisco. Parecería que una buena parte de la clase política estatal es protagonista de una novela policíaca digna de las plumas de Dashiell Hammett o de Raymond Chandler. Entre tanto, el gobernador del Estado disfruta de un viaje al Viejo Continente y aprovecha para rezar y reafirmar su fe católica en Roma: ¡vaya manera de gobernar!

lunes, diciembre 17, 2007

Artículo El Occidenta, 17-12-2007

Visos de autoritarismo

Jorge Gómez Naredo

Parecería que nos dirigimos, directo y sin escalas, a una realidad llena de represión y de violaciones constantes a los derechos humanos. Los diputados y senadores del PAN, PRI y PVEM, aprobarán en febrero una reforma judicial con la cual se otorgan facultades a la policía para ingresar a los domicilios sin orden judicial, “cuando exista una amenaza inminente a la vida y a la integridad de las personas”. El senador perredista Pablo Gómez exclamó indignado ante estas modificaciones: “¡qué manera de partirle la madre a la Constitución!” Y tiene razón: con los cambios se tendrá, sin duda, un incremento desmesurado de las violaciones a los derechos humanos y a las garantías constitucionales.

La justificación de estas modificaciones es el “combate” a la delincuencia organizada, al narcotráfico. Felipe Calderón, desde su controvertida toma de posesión como “presidente” de México, ha tratado de convencer a la población de sus “infinitas” ganas de erradicar el crimen organizado. Ha desplegado (más para los medios de comunicación electrónicos que para funcionar efectivamente) al ejército en varios estados de la República para “combatir” a las mafias, pero los resultados han sido magros: la lucha entre cárteles crece día a día y las ejecuciones no se han detenido, al contrario, se han incrementado.

Por eso Calderón envió una iniciativa para “facilitar” la labor de desmantelamiento del crimen organizado. El problema, sin embargo, es evidente: con las inminentes reformas ningún ciudadano estará a salvo en su domicilio. Podrán llegar varios policías a una casa, argumentar que hay “una amenaza inminente a la vida” e irrumpir en ella sin mayor impedimento: la ley los protegerá. Eso votaron el PAN y el PRI y eso ratificarán a inicios del próximo año.

México es un país con una larga tradición de violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades. Aquí hubo una guerra sucia donde murieron decenas de luchadores sociales. Las policías federales, estatales y municipales no están entrenadas para respetar las garantías individuales de los ciudadanos y es fácil que violen la constitución constantemente. Por eso, otorgarles facultades legales para realizar cateos sin orden judicial es fortalecer el ambiente autoritario que hoy se vive.

El párrafo que fue aprobado por los senadores y que seguramente será ratificado por la cámara de diputados es: “La policía podrá ingresar, sin orden judicial, a un domicilio cuando exista una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas, así como en el caso de flagrancia, cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado”. Esta reforma se planteó para impedir que el narcotráfico continuara su ola de crímenes. Sin embargo, a quien de verdad podrá afectar es a la ciudadanía, pues ahora nadie, absolutamente nadie, estará seguro en sus domicilios.

Pero la cuestión más importante es que a través de esta ley, los luchadores sociales podrán ser fácilmente amedrentados. Hoy, en México no se respetan los derechos humanos (como ejemplo tenemos Atenco, Oaxaca, Lázaro Cárdenas, Guadalajara y un sinfín de casos más) y, con estas modificaciones, tendremos más abusos de poder, represión e intimidación.

El problema del narcotráfico y de la delincuencia organizada no se resuelve con otorgarle a la policía mayores poderes. La solución debe ser más profunda: mejores condiciones de vida para la población, más fuentes de trabajo y sueldos dignos, mayor bienestar, pues. Con leyes como las que pretende aprobar el PRI y el PAN lo único que vamos a obtener es un retroceso a situaciones que pensábamos se habían superados. El senador Ricardo Monreal resumió con exactitud lo que significa aprobar la reforma penal clderonista: “Con esta reforma se está destruyendo un sistema de libertades que nos ha costado décadas construir. No será un sistema expedito y eficiente de justicia, sino uno autoritario, con amplísimas posibilidades de avasallar a los ciudadanos, dejando la puerta abierta para combatir con violencia a los enemigos políticos”.

Artículo La jornada Jalisco, 16-12-2007


La criminalización de la protesta: el caso de Guadalajara

Jorge Gómez Naredo

El pasado 8 de diciembre diversas organizaciones sociales participaron en una manifestación –que partió de la glorieta de la normal a palacio de gobierno– para protestar en contra de las constantes violaciones a los derechos humanos en el Estado. Después de un mitin y de constantes intimidaciones por parte de las policías municipal y estatal, algunos de los participantes en la marcha decidieron quedarse en un plantón (con duración de una semana) que no obstruyera ninguna vialidad. A eso de 11:00 de la noche, quienes habían decidido pernoctar en el andador Pedro Moreno, observaron cómo más de doscientos policías acompañados de docenas de inspectores de mercados del Ayuntamiento tapatío se comenzaban a acercar: marchaban con sus escudos y toletes, desafiantes. De un momento a otro las “fuerzas del orden” levantaron el pequeño toldo que habían montado los manifestantes y se llevaron equipos de sonidos, banderas, mantas, mochilas y cuanto encontraron a su paso.

La realidad, sin duda, es en demasía irónica: la manifestación y el posterior plantón se realizaron para pugnar por el respeto a los derechos humanos y a la libre manifestación y todo terminó, una vez más, en la violación a las garantías constitucionales y al derecho que todo mexicano tiene de salir a las calles para mostrar su inconformidad. Después de la manifestación y de la represión que se vivió el 8 de diciembre en el centro de Guadalajara, las autoridades mostraron un mutismo exasperante: nada dijeron.

El viernes pasado, sin embargo, Alfonso Petersen Farah rompió el silencio cuando cuatro integrantes del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) y dos visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se apersonaron en las oficinas del munícipe. Raudo y veloz el funcionario argumentó: “qué bueno que vinieron pues en este momento pensaba ir al plantón con ustedes”. Vaya importancia que le da el alcalde de Guadalajara a los actos de represión: una semana después explicaría por qué se había tratado a los inconformes como delincuentes. Ante los reclamos, Petersen Farah prometió castigo a quienes se habían robado (no se puede utilizar otro verbo) los objetos de los manifestantes; arguyó, además, que los empleados del municipio no debieron haber hecho lo que hicieron, que estuvo mal, que tendrían tache y castigo, que qué poca...

Las declaraciones de Alfonso Petersen Farah muestran el cinismo característico de los funcionarios panistas. La intimidación, robo de objetos y algunos golpes estaban planeados con detenimiento y antelación. Esto lo comprueba la presencia en el lugar de los hechos del mismísimo director general de seguridad pública del Ayuntamiento, Macedonio Tamez Guajardo, quien sonriente, con saco y sin corbata, dirigía a los policías municipales y estatales (hay un vídeo que lo demuestra). ¿Entonces, por qué reducir los actos violentos del 8 de diciembre a un problema de “mercados”?, ¿por qué no reconocer que se planeó el hurto del toldo, los equipos de sonido, las banderas, las mantas y la constante intimidación a los manifestantes en contubernio con las autoridades estatales?, ¿por qué no decir que en Guadalajara no se permite que unos cincuenta ciudadanos duerman en el centro histórico como una manera de manifestar su inconformidad?, ¿acaso es un delito?, ¿se castigará a Tamez Guajardo por estos hechos?

No ha habido explicación sobre el asunto por parte del municipio y hay más preguntas que deberían contestarse: ¿quién pidió la intervención de las fuerzas estatales antimotines?, ¿Macedonio Tamez Guajardo?, ¿el alcalde, Alfonso Petersen Farah? O Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, secretario de seguridad pública estatal, ¿las envió como un afectuoso regalo navideño a las autoridades municipales?

El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez (quien ha iniciado un largo periplo por Europa, con escala en Italia, para regalarle al Papa un hermoso nacimiento –que costó a los contribuyentes la nada despreciable cantidad de 2 millones de pesos–), ha guardado un silencio total, sepulcral. Parecería que a las autoridades municipales y estatales no les importa explicar qué ordenamiento se viola cuando los ciudadanos deciden manifestarse: ¿cuál es el delito, la grave falta, la inenarrable afrenta, el crimen, la trasgresión, la fechoría, la inefable ofensa?

Lo que sucedió el 8 de diciembre de 2007 en el centro histórico de Guadalajara no se debe pensar como un simple hecho más de represión e intolerancia: va mucho más allá. Los hechos acaecidos el sábado 8 son signos evidentes (un eslabón más) de que la protesta, la inconformidad y la manifestación son conceptuadas, por las autoridades panistas de Jalisco, como delitos y, por lo tanto, se castigan como tales. Y eso aquí y en todo el mundo es peligro, peligrosísimo.

sábado, diciembre 15, 2007

Caricaturas

Las dos caricaturas de La Jornada de hoy sábado son buenísimas. Ambas tratan de la reforma judicial.



viernes, diciembre 14, 2007

Artículo El Occidental, 10/12/2007

El PRD y sus dilemas

Jorge Gómez Naredo

Pensar a la izquierda en México es introducirse en un verdadero enredo, un camino de muchos vericuetos que, algunas veces, no tiene salida. Se supone que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) es el organismo político encargado de representar a las corrientes izquierdistas del país. Sobra decir que no lo hace o lo hace mal. Por eso hay muchas personas que prefieren alejarse del partido aunque se consideren de izquierda. Por eso también hay varios movimientos sociales que no reconocen al PRD como interlocutor, como aliado, como una formación política idónea para plantear cambios en este país.

El PRD como partido de izquierda actúa, muchas veces, como si fuera en realidad un organismo de derecha, preocupado e interesado más por los puestos públicos que pueda obtener a través de alianzas, digamos, “antinatura”, que por representar a los sectores menos favorecidos de la población mexicana. El caso de Jalisco es verdaderamente elocuente. No hay un partido fuerte que tenga ligas con la sociedad, que haga trabajo de base, que esté junto al pueblo. No lo hay y sí existe en su lugar un ente político dominado por sectores pragmáticos que piensan más en intereses particulares que en el beneficio de los electores.

No cabe duda que el 2006 significó, electoralmente, un éxito para la izquierda electoral. Se ganaron varias diputaciones y senadurías: la segunda fuerza en el poder legislativo. En la contienda por la presidencia de la República se perdió, pero no porque los electores hayan votado por Felipe Calderón, sino por una campaña de miedo en contra del candidato de la Coalición por el Bien de Todos y por un fraude electoral que ha sido elocuentemente explicado en la película de Luis Mandoki Fraude: México 2006.

El ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, tuvo el apoyo de amplios sectores de la sociedad que le dieron su voto y ello ayudó para que candidatos a senadores y diputados ganaran una curul. Sin embargo, al no respetarse el sufragio de los electores en las elecciones presidenciales, la izquierda electoral quedó en un grave dilema: por un lado no podía reconocer a quien se había robado la presidencia del país y por el otro tenía que coexistir con dicho gobierno (en espera de su caída).

El problema no es pequeño. Y menos si agregamos que muchos perredistas, tan dados al oportunismo y al pragmatismo, han decidido no solamente colaborar con Felipe Calderón, sino también minar la lucha que se formó después del proceso electoral de 2006 en torno a Andrés Manuel López Obrador. Ahora estamos viviendo los conflictos al interior de la izquierda electoral: por un lado políticos tradicionales en busca de ser considerados por la derecha como izquierdistas modernos y, por el otro, un movimiento social que a pesar de los ataques y de los errores de su líder, sigue vivo y con mucho por dar a este país.

En los últimos días se ha discutido el futuro de la izquierda y todo se ha basado en la figura de López Obrador. Dicho debate, sin embargo, no es lo primordial. Lo verdaderamente importante es reflexionar sobre cómo ha actuado la izquierda electoral. Para nadie es un misterio por qué López Obrador, a pesar de los ataques en su contra y del cerco informativo, sigue teniendo tantos seguidores: su congruencia y cercanía con la población es su fuerza.

El debate sobre si López Obrador sale o no el PRD parece ser uno más de los falsos predicamentos. Lo verdaderamente importante para reflexionar sobre la izquierda electoral debería ser discutir si el partido y sus miembros son los representantes de los amplios sectores de la sociedad que viven en la pobreza y que sufren, a diario, los lastres de la pobreza, la injusticia y la discriminación. Se habla mucho de AMLO, de sus virtudes y sus defectos, pero ¿cuándo se habla de la congruencia de muchos perredistas que anhelan ser denominados por la derecha y por los medios de comunicación electrónica “izquierda moderna y moderada”?

Artículo La Jornada Jalisco, 9/12/2007

El Zapopan de Sánchez Aldana

El viernes pasado Juan Sánchez Aldana dio su primer informe de gobierno en consonancia con el optimismo panista a nivel federal: adujo que la ex villa maicera iba bien gracias a su administración, a su tesón y su esfuerzo. Se jactó de los grandes logros: inversión por todos lados, orden por dondequiera, diálogo con los inconformes, beneficio para decenas de colonias, obra pública en todas partes. Y los derechos humanos (¡no podían faltar!) se respetan como nunca, porque él, Sánchez Aldana, es un político ejemplar que se preocupa por el bienestar de todos los gobernados.

La visión del actual alcalde zapopano es de mieles y triunfos: “Zapopan es competitivo porque en el transcurso de este año alcanzamos una inversión privada de 1,308 millones de dólares y estamos considerados como uno de los municipios con mejor ranking nacional”. Según el primer edil, los zapopanos deberían aglutinarse en masivas manifestaciones para agradecerle a él, el presidente municipal, los muchos logros obtenidos, el bien que ha traído a estas tierras.

Sin embargo, la realidad, la terca realidad, contradice en muchos aspectos al panista. Zapopan es uno de los municipios con mayor número de escándalos en el Estado. Solamente lo aventaja Tonalá, donde su alcalde, Jorge Vizcarra, parece un ínclito personaje de novela policíaca.

Juan Sánchez Aldana se ha acostumbrado a los puestos de gobierno. De 1995 a 1997 fue director del Sistema del Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), después pasó a la dirección del Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS), cargo que dejó en 2000 para integrarse como director general de administración del Ayuntamiento de Guadalajara. Y de ahí, a la presidencia de Zapopan. No se puede justificar su ineficacia por falta de “experiencia”, como hacían los primeros panistas que accedieron al poder en Jalisco.

El actual alcalde de Zapopan es ingeniero industrial por el ITESO y maestro en administración de empresas por el TEC: no ha pasado por una universidad pública. Tiene cursos que dicen mucho de su interés por gobernar: “Planeación Estratégica”, “Liderazgo situacional” e “Introducción a las técnicas de Dirección”. Se ha educado para ser un “líder” que dirija los destinos de cientos de miles de personas. Quizá por eso ha planteado, desde el principio de su administración, la necesidad de que se le pague bien, porque él se merece más, porque él no puede vivir con treinta mil pesos al mes, necesita más, mucho más. Y puso las cosas en su lugar: se aumentó el sueldo y el de los altos funcionarios en más del 60%.

Sánchez Aldana sabe cómo tratar a los inconformes. El miércoles pasado se demostró su delicado tacto para con los adversarios cuando se refirió al Sindicato de Organismos Públicos Descentralizados del municipio: “sindicato intransigente, violento y mafioso”. Sí, Sánchez Aldana el conciliador. Conoce, además, cómo lidiar con manifestaciones: para llevar a cabo su primer informe de gobierno, cercó buena parte del centro de Zapopan. Pero no por miedo a que se le gritaran algo o a algún conato de bronca, no, él lo había explicado antes: “no podrán entrar [los inconformes] porque no van a caber y la idea es que podamos tener un evento con comodidad todos, pero si hay manifestantes, lo que nosotros debemos de garantizar es el libre acceso de los invitados”. Y dentro de la lista de los invitados no se encuentra el pueblo de Zapopan, ¡lástima! Todo sea por la comodidad de los distinguidos asistentes.

Sánchez Aldana se ha caracterizado por declaraciones que muestran su incapacidad para pensar en los sectores desfavorecidos, en los humildes. Es el símbolo actual de la falta de tacto con los pobres, de la carencia de interés en la justicia y la igualdad. Su gestión ha sido de dispendio en los altos mandos y cerrazón a mejorar las condiciones de vida de los de abajo, de las bases que sobreviven con poco más del salario mínimo. Es, sin duda, un ejemplo de cómo gobierna la derecha panista. Y claro, la justificación sigue siendo la de siempre: las cosas estaban mal antes, ahora hemos venido a mejorarlas. Seguramente Sánchez Aldana piensa que el pueblo le debe agradecer. Vaya representantes populares que tenemos en estas tierras. Nuevamente surge la pregunta, ¿por qué en Jalisco se sigue votando por el PAN?

Para analizar varios temas relativos a la clase política jalisciense y a las luchas sociales en el Estado, se celebrará el próximo jueves 13 de diciembre a las 19 horas, en el café-bar La Coronilla (Andador La Coronilla núm. 6, entre Morelos e Hidalgo, en el Centro Histórico de Guadalajara), el foro “Sociedad y clase política en Jalisco”, en el cual participarán varios articulistas y periodistas, entre los cuales se encuentran Mónica Pérez Taylor, Rubén Martín y Juan Manuel Negrete, además de quien escribe estas líneas. Ojalá los lectores de esta columna puedan asistir.

lunes, diciembre 10, 2007

Foro sobre política y sociedad

martes, diciembre 04, 2007

Felipe Calderón dice "gracias" cuando le dicen espurio.

La cara de animadversión hacia el mundo y hacia todo lo que le rodea no se le quitó, el rictus de hipocresía, cinismo y desfachatez tampoco. Tan acostumbrado está que le digan usurpador, pelele y demás verdades que, Felipe Calderón, ante un grito como el que se escucha en el vídeo, dice “gracias”. De verdad, hasta él sabe que es un usurpador y un pelele, un espurio, pues. Las risas de González Márquez, gobernador de Jalisco, son también de chanza, como diciendo: “chale my friend, eres un espurio aquí y en todo México...”. En fin, ese “gracias” calderónico, de verdad, es elocuente. La pregunta que surge es: ¿será que a Calderón le gusta que le recuerden, todos los días, que es un usurpador? ¿Lo ve como una manera de acercarse a la realidad, a lo que sucede realmente en México..., que hasta lo agradece?

El presidente del empleo (de las mentiras)

La hipocresía es grande en el gobierno de Felipe Calderón: de ello no nos cabe la menor duda. Sabíamos que lo de Mario Marín (aquella promesa de campaña de Calderón de llevarlo a la cárcel) era una farsa. Y lo era, lo es, lo será. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que se violaron las garantías de la periodista Lidya Cacho, pero que “nomás tantito", y que ese tantito pues no es mucho y, por eso, que nada qué castigar, que nada qué averiguar. Todo esto con la aquiescencia de Calderón, del PAN y con el apoyo del PRI. Claro, las palabras de López Obrador tienen sentido: "al diablo con sus instituciones".


lunes, diciembre 03, 2007

Artículo El Occidental, 03/12/2007

Impunidad

Jorge Gómez Naredo

Impunidad, parece ser la palabra que resume a los actuales gobiernos panistas, ya sean el federal, los estatales o los municipales. Y no solamente a los ejecutivos, es decir, a los presidentes municipales, gobernadores o primeros ediles, sino también a las estructuras judicial y legislativa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, en una votación de seis a favor y cuatro en contra, estableció que la periodista Lydia Cacho no había probado bien sus dichos y que, por lo tanto, no procedía castigar al gobernador de Puebla, Mario Marín, a pesar de las evidencias de abuso de poder, de persecución y de las conversaciones donde se planeaba el “coscorrón” que el gober precioso, por instancias de su amigo Kamel Nacif, le iba a propinar a Lydia Cacho.

Impunidad también en el Instituto Federal Electoral: Luis Carlos Ugalde se va de la presidencia de dicho instituto a dar clases, él lo dice muy ufano, a la Universidad de Harvard. Y se va con un historial de afrentas encima, pues fue él quien permitió que la campaña de odio (la guerra sucia electoral) panista se iniciara y manchara las elecciones presidenciales de 2006 y fue también él, con todos los consejeros que lo acompañaron (muchos de los cuales se quedan en sus puestos), los que apoyaron el fraude electoral en contra de Andrés Manuel López Obrador.

Impunidad en el caso de Vicente Fox, quien también participó en el fraude electoral. Impunidad a su esposa Martha Sahagún y sus hijos, los hermanos Bribiesca, los cuales se enriquecieron al amparo del poder. Impunidad y más impunidad pactada en las altas esferas de gobierno, en los círculos judiciales, en las oficinas de los gobernadores y en los pasillos de Los Pinos. Un país de impunidad y más impunidad.

Impunidad al ex senador Diego Fernández de Cevallos, que al amparo de sus relaciones políticas y de sus puestos en la burocracia federal, llevó a cabo juicios que no tenían nada de limpios y sí, en cambio, mucho de venales. Impunidad al ahora diputado del PRI Emilio Gamboa Patrón, pues a pesar de quedar demostrada su participación en tráfico de influencias, a través de una llamada que le hizo Kamel Nacif y que fue divulgada en la prensa, no ha tenido ningún empacho en explicar los vínculos con dicho empresario ni sus actos de corrupción.

Impunidad también en el Estado de Jalisco y en la Secretaría de Gobernación federal, pues a un año de la muerte de Néstor Alan Rodríguez, no se han esclarecido las responsabilidades porque quienes manejaban ebrios y provocaron la colisión que le provocó la muerte al joven tapatío: son parte, estos asesinos, de la aristocracia política del Estado y están cobijados por el poder del ahora secretario de gobernación Francisco Ramírez Acuña. Impunidad, no cabe duda, que desespera e indigna.

Impunidad también al actual procurador del Estado de Jalisco, Tomás Coronado Olmos, quien a pesar de estar señalado como pederasta, no se le han hecho investigaciones y continúa en su puesto. El actual gobernador, Emilio González Márquez, no lo quiere investigar ni quiere establecer una fiscalía especial para atender el caso: y todo porque la impunidad parece ser la regla que guía a los gobiernos panistas y priístas. Impunidad, también, a Martín Aguirre Aguirre, ex funcionario público del Ayuntamiento de Guadalajara, que fue señalado como pederasta y que, a pesar de ello, no ha tenido castigo.

Vivimos en un país donde las leyes no se respetan o donde las leyes se utilizan para lograr impunidad. Por eso resultan hipócritas los llamados de funcionarios municipales, estatales y federales a respetar el “estado de derecho”, el cual es usado para beneficiar a unos cuantos y perjudicar a los muchos. Impunidad, sí, en todas partes y a todas horas. Una impunidad que duele y que necesita ser combatida no por los de arriba (ellos jamás lo harán), sino por los de abajo, por el pueblo organizado. Es la única salida para tratar de aminorar esta corrupción que día a día se vuelve más común, más nociva y más dañina.

Artículo La Jornada Jalisco, 02/12/2007

Más allá de la FIL

La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara es un acontecimiento en la ciudad. Los medios de comunicación locales hablan de ella, tratan sobre ella, la analizan, publican notas de lo que se hace y se dice ahí. A nivel nacional e internacional también hay fijación en sus eventos. Incluso varias radiodifusoras y algunas cadenas de televisión despliegan a sus reporteros y conductores para obtener entrevistas y realizar reportajes. Hay libros, muchos libros, un montón de libros. Se dan cita varias editoriales y las ventas, sin duda, son muy buenas.

La FIL, sin embargo (y no debemos ser ingenuos) es un negocio. A los “expositores” se les cobra por metro cuadrado. Y claro, es ahí cuando comienzan a surgir los “peros” y cuando inician los conflictos: una editorial, por ejemplo, como el grupo Santillana, fácilmente puede pagar un stand grande, trasladar sus libros y contratar personal para que los venda. Las editoriales pequeñas del país y de la ciudad, por su parte, jamás podrán soñar con un pedazo de FIL porque son caros. La FIL, pues, funge como la feria de los libreros mayores, de las grandes editoriales: son las que venden más y las que hacen negocio. Pero no por esto la feria es negativa.

Una cuestión que debe mencionarse y de la cual se habla poco es la gratuidad de la mano de obra, de las personas que hacen posible la viabilidad de un evento de las magnitudes de la FIL: miles de muchachos de la Universidad de Guadalajara o de escuelas incorporadas a ella realizan su servicio social en la feria. Tres semanas de arduo trabajo (capacitación, montaje, vigilancia y apoyo) que les permitirá “liberar” su servicio. Estos jóvenes no tiene sueldo alguno y muchos de ellos (la mayoría) no recibe alimentos durante su labor: ¿acaso es justo? Estos son los lados oscuros de la FIL. Pese a esto, la feria es importante y no podemos, por ningún motivo, negar su valía.

Ahora bien, se supondría que una feria del libro como la que se clausurará hoy en la ciudad debería sentar las bases para un desarrollo de la cultura en el Estado y ser un aliciente para la lectura. Esto no se ha dado. En un artículo publicado el viernes pasado en La Jornada Jalisco, Jorge Souza Jauffred argumentó que Jalisco, según la Encuesta Nacional Lectura 2006, “se encuentra por debajo del promedio”, es decir, de la media nacional en índices de lectura. La actual feria es la edición número 21. La pregunta que surge es, ¿ha ayudado la feria para el desarrollo de la lectura en el Estado? Si nos atenemos a los datos dados por Jorge Souza, la respuesta es no.

La FIL es un evento grande, que convierte por una semana a Guadalajara en la capital del libro: hay presentaciones de libros, eventos culturales, charlas con literatos, poetas y ensayistas, lecturas, etcétera: es una fiesta. Sin embargo, es una semana, y el año, si las matemáticas no fallan, tiene 48; más fácil: la feria dura nueve días, y el año 365, habría que preguntarse, ¿qué pasa en Guadalajara y en el Estado los restantes 356 días?

El problema de Jalisco es que no existe apoyo (o no existe el apoyo suficiente) a la lectura. Las presentaciones de libros y los eventos culturales y académicos en la FIL son muchos, abruman, pero el resto del año, en Guadalajara o en el interior del Estado, son pocos. No hay una cultura de la conferencia, del debate, de la presentación del libro, de la lectura de poesía y cuento. La distribución de textos es pésima (y la Universidad de Guadalajara es una de las peores instituciones de nivel superior en este aspecto) y no se tiene un plan de cultura ambicioso por parte de las autoridades. Los eventos académicos tampoco son muchos y algunos de ellos se restringen al marco de la FIL.

Se podría argumentar en contrasentido que la Universidad de Guadalajara poco a poco ha logrado conseguir espacios para la cultura: el teatro Diana y el auditorio Telmex (¡qué nombre tan universitario!). Quizá sea cierto: son lugares donde se presentan (muchas veces, no todas) espectáculos de calidad. Sin embargo, ¿dónde quedó el ciudadano que no puede pagar la entrada a dichos eventos? En la ciudad de México, por ejemplo, el zócalo sirve casi todos los fines de semana como una sala de concierto. Aquí, en Guadalajara, ni pensar en recitales al aire libre durante todo el año. Es ahí donde hace falta apoyo de las autoridades, donde se necesita pensar en la cultura para todos y no para las clases medias y/o altas.

La lectura es un hábito y es importante que la población lea. Pero no podemos apostarle todo a una semana de FIL. Sí, la feria es un evento importante y qué bueno que existe, qué bueno que poco a poco se haya consolidado (con sus peros y sus cacicazgos muy visibles). Sin embargo, las autoridades (tanto estatales como universitarias), no pueden dejar de lado la tarea de fomentar la lectura, la cultura y el arte todo el año, los 365 días. Eso es lo que en realidad hará que cada día haya más lectores en Jalisco y que la gente sea más crítica: una semana se olvida; un año de lectura y de cultura, no.

sábado, diciembre 01, 2007

Durante la FIL: le gritan a Felipe Calderón que es un presidente espurio

Esto sucedió en la inauguración de la Feria Internacional del Libro de la ciudad de Guadalajara: ¿Vaya libertad de expresión, no?