Artículo La Jornada Jalisco, 24/06/2007

Elecciones en la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Jorge Gómez Naredo

Para las élites económica, política y eclesiástica jaliscienses, los derechos humanos son un mal necesario, un requisito que se precisa cumplir para ser reputado de “civilizado”: “gobierno civilizado”, “empresariado civilizado”, “Estado civilizado”. Sin embargo, el respeto a los derechos humanos no se garantiza o se garantiza poco. Es común, cotidiano, habitual, observar que elementos de diversas corporaciones policíacas (tanto estatales como municipales) detienen, denigran, discriminan, golpean y en algunos casos arrestan sin motivo alguno a ciudadanos indefensos que cometen el peligroso delito de no parecer “gente decente”. Es decir, las violaciones a los derechos humanos son una constante en el Estado y a las autoridades poco les preocupa erradicarlas.

Los derechos humanos son vejados y eso se observa, se ve, se siente, se huele. No solamente las corporaciones policíacas los conculcan, también las administrativas, los gobiernos municipales, las secretarías estatales; un sinfín de altos y medios funcionarios por ignorancia, negligencia, maldad o por cualquier otro motivo denigran, discriminan y violentan las garantías constitucionales de los gobernados o de los subordinados. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), se supone, es el organismo “ciudadano” encargado de velar por la dignidad de los jaliscienses: no lo hace, su labor es rebasada y muchas de las personas que integran dicha comisión simple y llanamente están más cerca de los de arriba, quienes quebrantan los derechos humanos, que de los de abajo, quienes sufren y a quienes deberían defender.

Uno de los problemas de la comisión es la carencia de fortaleza y su poco margen de maniobra. Puede informar, conciliar entre las partes y, una de sus más importantes funciones, enviar recomendaciones a las autoridades que violaron los derechos humanos. Al no ser vinculatorias dichas recomendaciones (no es obligatorio acatarlas) las autoridades pueden no aceptarlas o, en todo caso, con el cinismo acostumbrado, decir que sí, que las admiten, que son importantes y que la comisión actúa bien; pero en los hechos nada cambia, nada se transforma y las violaciones a los derechos humanos continúan. Hay casos de desdén inefable: Francisco Ramírez Acuña recibió por parte de la CEDHJ y de la Comisión Nacional sendas recomendaciones para investigar los hechos de tortura, incomunicación, arrestos sin fundamentos y muchas violaciones más cometidas el 28 de mayo de 2004, pero el entonces gobernador de Jalisco y ahora (¡qué país tan kafkiano!) Secretario de Gobernación, no aceptó nada, no escuchó nada, no se dignó revisar nada. Es decir, ¿la CEDHJ, para qué sirvió? En entrevista con este articulista, doña Rosario Ibarra de Piedra, actual senadora del Frente Amplio Progresista y luchadora incansable por la igualdad y la justicia en México, argumentó que las comisiones sirven de poco en la verdadera defensa de los derechos humanos.

El desprecio de las autoridades por la CEDHJ ha sido una constante. El presupuesto, por ejemplo, es en el mejor de los casos insuficiente: 50 millones de pesos anuales, es decir, 17 millones menos de lo que el “altruista” gobernador González Márquez donó a Televisa para la realización de Espacio 2007, evento que duró una semana y que tuvo una trascendencia innegable: hoy nadie recuerda de qué se habló ni quiénes fueron los “conferencistas magistrales”.

Otro lastre de la CEDHJ es la elección de su presidente: es designado por el Congreso del Estado y éste no nombra a quien esté más capacitado y tenga mayores méritos, sino a quien sea menos molesto para el gobernador o para el grupo parlamentario preponderante. En la actual coyuntura, Acción Nacional ha decidido votar en bloque para reelegir a Carlos Manuel Barba García (tímido y presto a obedecer lo que digan los de arriba) o, si las circunstancias así lo requirieran, optar por Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. Todo queda claro: se prefieren personas que no son “inoportunas” ni “renegadas”.

La elección de un presidente o presidenta de la CEDHJ con probados conocimientos en la defensa de los derechos humanos no garantizaría que el organismo sea respetado por las autoridades, pero traería beneficios: agilidad en los procedimientos, actitud de verdadera defensa de las garantías constitucionales y comprensión hacia las personas que han sido vejadas por funcionarios públicos. Sin embargo, como ya lo ha mencionado Jorge Salinas Osornio, coordinador de la bancada blanquiazul, nada cambiará el parecer de la aplanadora panista y se elegirá no a la persona adecuada, sino a la más manejable y timorata.

Para que la CEDHJ mejore y sea un órgano ciudadano que defienda eficazmente los derechos humanos se precisa aumentar sus atribuciones y cambiar el procedimiento para elegir a su presidente. Pero, claro está, una reforma en este sentido es impensable en un gobierno que, día a día, se caracteriza más por el desprecio a las garantías constitucionales. Se necesita un órgano verdaderamente autónomo y ciudadano, que involucre a la sociedad en la defensoría de los derechos humanos. Y eso, para González Márquez (que todos los días elucubra una estrategia para ser candidato presidencial en 2012) y para la élite político-empresarial es simple y llanamente inadmisible. Así que seguiremos con una comisión timorata, apocada, sumisa, humillada, débil, sin recursos y siempre presta a obedecer y “conciliar” con los violadores a los derechos humanos. Esto, claro está, no impide que gobernador, diputados, alcaldes, empresarios y jerarcas eclesiásticos pronuncien al unísono: “en Jalisco se respetan los derechos humanos”. ¡Vaya cinismo!