lunes, junio 04, 2007

Artículo El Occidental, 04/06/2007

Venezuela y la libertad de expresión

Jorge Gómez Naredo

En Venezuela, el gobierno encabezado por Hugo Chávez decidió, siempre dentro de la ley, no renovar la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV). Esta determinación soberana provocó el enojo de algunos medios de comunicación en el país sudamericano, además de una intensa campaña de desprestigio internacional en contra de toda acción realizada por Chávez, a quien se le conceptuó como dictador, autoritario y enemigo de la democracia.

El tema de la no renovación de la concesión a RCTV se ha abordado, en México, de una manera superficial, falta de objetividad y llena de intereses que nada tienen que ver con la defensa de la libertad de expresión y de la democracia. Muchos “analistas políticos” y “periodistas” han creado una concepción del país sudamericano como el nítido ejemplo del establecimiento de un camino hacia el autoritarismo y como el nacimiento de una nueva y fiera dictadura que amenaza la estabilidad de América Latina y del mundo civilizado. Palabras, palabras, y más palabras. Las televisoras mexicanas, siempre prestas a engrandecer su poder y a aprovechar cualquier noticia para perpetuar sus concesiones y prebendas, han utilizado el tema de la “libertad de expresión” en Venezuela para tratar de inocular en la población: “vean, es un delito cancelar concesiones. Somos intocables”.

Ha llegado a tanto la histeria que los senadores del PAN (a propuesta del fiel y dócil servidor de las televisoras, Federico Döring) lograron que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión enviara una “enérgica protesta” a Hugo Chávez por la no renovación de la concesión a RCTV. Es decir, colocaron al poder legislativo mexicano en una situación absurda y pueril, pues lo que pasa en Venezuela es asunto solamente de los venezolanos. Además se mostró el cinismo de muchos senadores panistas (como el caso del mismo Döring), que por un lado han apoyado sobre todas las cosas al duopolio televisivo en México (y, por ende, la cancelación de espacios para voces distintas a las que imponen TV Azteca y Televisa) y, por el otro, en sus discursos públicos, defienden la “libertad de expresión”. Una situación kafkiana, sin lugar a dudas.

El estado venezolano está en su derecho de no renovar concesiones de televisión: no viola leyes internas ni internacionales. Además, RCTV, si hacemos memoria, participó en el fallido golpe de estado de 2002, lo cual, ipso facto, puso a la empresa de (in)comunicación en la ilegalidad. Pero el gobierno encabezado por Hugo Chávez no ejerció una cacería de brujas ni reprimió (como lo ha hecho el estado mexicano en Atenco y Oaxaca) ni asesinó a nadie. Simple y llanamente, con el estado de derecho en la mano, decidió no renovar (ni siquiera cancelar) una concesión. Así de simple. ¿Por qué los panistas se indignan de ello?, ¿acaso ellos no son los primeros en defender el “estado de derecho”?

Venezuela, como dijo Eduardo Galeano (un genio de la palabra) en una conferencia en Italia, “es un país extraño donde uno asiste a las denuncias por la falta de libertad de expresión: uno enciende la televisión, y en la pantalla de la televisión, hay un señor que dice ‘aquí no hay libertad de expresión’; uno enciende la radio y en la radio hay una voz que clama ‘aquí no hay libertad de expresión’; y uno abre el diario, y hay un título enorme que dice, en el diario, ‘aquí no hay libertad de expresión’”.

La no renovación de la concesión de RCTV no es un atentado a la libertad de expresión, sino la forma en que un estado retoma su soberanía y pone límites a quienes se creen dueños del país por poseer un medio de comunicación electrónico. La razón del conflicto y el enojo de quienes buscan siempre más y más poder, es simple. Eduardo Galeano lo menciona al citar una frase de un venezolano pobre que apoya a Hugo Chávez: “yo no quiero que Chávez se vaya porque no quiero volver a ser invisible”